El pleno aprueba por unanimidad resolver el contrato del CSAD

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El Ayuntamiento de Novelda ha iniciado los trámites para la recuperación de las instalaciones del Centro Deportivo Salud Agua de Novelda tras la aprobación en pleno del inicio del expediente de resolución del contrato con la concesionaria, que cerró las instalaciones en 2010, y la incautación de la garantía de 234.342€.

El responsable de Gestión Económica, Ricardo Moreno, explicaba que se trata de iniciar los trámites para la resolución de un contrato “que se ha demorado más de siete años”, un proceso que será largo y complicado y que contempla la rescisión del contrato por abandono de las obligaciones por parte del contratista y la incautación de la garantía para “resarcir al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ha sufrido”.

Aunque el punto fue aprobado por unanimidad el debate del asunto llevó a la corporación a recordar todo el proceso de adjudicación de este complejo que se inició en 2005 bajo mandato del Partido Popular. En este caso la portavoz de Compromís, Silvia Anna, reprochó al alcalde que acusara al gobierno tripartito de PSOE, Compromís y Esquerra Unida, que estuvo al frente del Ayuntamiento entre 2007 y 2001, de no haber hecho nada por recuperar el centro cuando este cerró sus puertas, pero no hacer referencia a la “mala gestión de sus actuales socios de gobierno”, en referencia al PP, que fueron quienes adjudicaron una concesión “ruinosa”, justificada en base a “una media de 800 usuarios mensuales”, a cambio de un canon de 900.000 euros con el compromiso del consistorio de abonar 80 mil euros anuales por la reserva de horas para asociaciones y colectivos.

Desde el Partido Socialista Fran Martínez señaló que solo 3 de los 15 puntos recogidos en el informe que avala el inicio de este expediente corresponden a actuaciones realizadas bajo gobierno del tripartito y subrayó que el Centro Salud Agua Deportivo, “una de las obras faraónicas made in PP”, fue un proyecto que “nació viciado” con el que el gobierno que presidió el PSOE en 2007 se encontró y cuya rescisión hubiera costado casi un millón de euros.

El portavoz del Grupo Popular, Rafa Sáez, recordó que la adjudicación que realizó el gobierno del PP en 2005, se hizo de forma legal en base a un pliego de condiciones y por concurso público y que fue el gobierno liderado por el PSOE quien “debía haber iniciado el proceso para que la empresa rindiera cuentas” cuando el centro cerró sus puertas y, apuntó, la recuperación de las instalaciones se podría haber hecho sin tener que devolver el canon “porque fue la empresa quien abandonó el contrato”.

Por su parte el alcalde defendió la necesidad de iniciar los trámites para la resolución del contrato y denunció la “dejación de funciones” de anteriores gobiernos que no hicieron nada para evitar la situación en la que hoy se encuentran las instalaciones. Armando Esteve incidió en que la “obligación del equipo de gobierno es intentar buscar soluciones a asuntos que vienen de lejos” y, aseguró, “aunque parezca mentira administrativamente este Ayuntamiento no había movido un papel en los últimos siete años” respecto al Centro Deportivo Salud Agua.

Otros asuntos

En la sesión ordinaria del mes de noviembre la corporación también aprobó una propuesta de de resolución presentada por Guanyar Novelda para la modificación de la Ordenanza reguladora de la las Tarjetas de Aparcamiento para personas con movilidad o visibilidad reducida, con el objetivo de facilitar los trámites administrativos para quienes soliciten una de estas plazas, así como los criterios generales para la asignación del complemento de productividad al personal del Ayuntamiento.

En cuanto a mociones se aprobó la presentada por el Grupo Socialista solicitando al gobierno central una solución al problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, así como dos mociones consensuadas, presentadas por el equipo de gobierno referidas pacto de Estado para la lucha contra la Violencia de Género y de apoyo a la Federación Española de Municipios y Provincias en su solicitud de un cambio en el techo de gasto que se determina los ayuntamientos.