Las trabajadoras del servicio de limpieza de instalaciones municipales y centros educativos volvieron a cobrar protagonismo en la sesión plenaria de ayer a la que acudieron para reivindicar el mantenimiento de sus puestos de trabajo una vez ya se ha adjudicado la nueva contrata del servicio que, debido a la reducción de más de 300.000 euros en el presupuesto, conllevará despidos que podrían alcanzar al cincuenta por ciento de la plantilla.
Mostrando carteles en los que se podía leer la pregunta ¿Estamos Despedidas? las trabajadoras de Limasa, empresa que ha vuelto a adjudicarse la contrata de limpieza, defendieron una vez más sus puestos de trabajo en una sesión plenaria en la que tanto Guanyar como el Grupo Popular preguntaron al equipo de gobierno sobre el futuro laboral de las 32 limpiadoras. Así la portavoz de Guanyar Novelda, Maje Agües, recriminó al gobierno municipal que se “desentienda” del futuro de estas empleadas cuando el responsable de Servicios Públicos, Iván Ñíguez, señaló que lo único que puede hacer el ejecutivo es ponerse al servicio de empleadas y empresa para actuar como interlocutor “para que la nueva organización del trabajo afecte lo menos posible a los derechos de las trabajadoras y se pierda el menor número de puestos de trabajo”, pero, aseguró, “son ambas partes las que deben ponerse de acuerdo”. Para la portavoz de Guanyar la actitud del equipo de gobierno en “poco seria y decepcionante”, máxime cuando previamente se aseguró que “trabajaríais, lucharíais y defenderíais los intereses de las trabajadoras”.
En la misma línea el portavoz del Grupo Popular, José Rafael Sáez, reprochó al Gobierno Municipal, una vez que el responsable de Servicios Públicos afirmara que “no podemos asegurar que no se vayan a producir despidos”, que haya estado “negando la evidencia de lo que podía suceder hasta el final” al tiempo que señalaba que “está bien que se ocupen de mejorar la situación económica del Ayuntamiento, pero no a costa de las personas”. Y es que, según Sáez, “ teniendo en cuenta que esto es la Administración Pública y no una empresa privada, que aquí se está para prestar servicios y ocuparnos de las personas, las cosas debían haberse hecho de otra forma y no recortando 300.000 euros de este servicio”.
Mientras tanto el responsable de Servicio Públicos mantuvo que “si en este asunto las cosas se hubieran hecho en su momento, el coste social hubiera sido mucho más pequeño”. Iván Ñíguez aseguró que “el equipo de gobierno va a ser responsable con la situación del Ayuntamiento y no va a mirar hacia otro lado cuando detecte problemas, aunque ello le suponga un desgaste, como esta sucediendo con este asunto. Aunque nos duela en el alma vamos a ser responsables y no vamos a seguir facturando aquello que no podamos pagar”.